Una ley que puede ser aprobada próximamente en Florida aboga por penalizar a aquellos ciudadanos o residentes que trasladen en sus vehículos a personas indocumentadas. El proyecto de ley SB 1718 sentenciará como delito grave de tercer grado conducir a alguien que vive ilegalmente en el país
La propuesta está siendo estudiada por el Senado y pretende contener el flujo migratorio ilegal hasta el Estado del Sol. De hecho, ha sido considerada por muchos como una ley antinmigrante y salvo que se disponga expresamente lo contrario, entrará en vigencia el 1 de julio de 2023.
“Se proporcionarán sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y que violen, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos”, indica el texto de la ley.
A pesar de que la comunidad de migrantes en Florida se ha posicionado en contra del proyecto, el gobernador de Florida Ron De Santis respalda la iniciativa que fue impulsada por el senador Blaise Ingoglia.
El reglamento precisa que se deben “prohibir que los condados y municipios, respectivamente, proporcionen fondos a cualquier persona, entidad u organización para emitir documentos de identificación a una persona que no proporcione prueba de presencia legal en los Estados Unidos”.
Personas indocumentadas en Florida
Asimismo, especifica que ciertas licencias de conducir y permisos emitidos por otros estados exclusivamente a inmigrantes no autorizados, no serán considerados como válidos en este estado y también exige los hospitales que recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes en los formularios de admisión o registro.
La ley pondrá en riesgo a los migrantes hispanos sin documentos que viven y trabajan en ese estado, ya que aumenta la multa máxima que puede imponerse por una primera violación de determinadas disposiciones relativas al empleo, la contratación, el reclutamiento o la remisión de extranjeros para un empleo privado o público.
Además, las autoridades de Florida piden a los ciudadanos y residentes que denuncien si conocen el caso de alguna persona indocumentada que trabaje o resida a escondidas con amigos, empleadores o familiares.
Estos infractores pudieran enfrentar de 5 a 15 años de cárcel, tanto por trasladar a un migrante indocumentado o por protegerlo de la ley su casa, en su iglesia o su centro comunitario.