En los últimos tiempos se ha notado en Cuba un incremento considerable de los robos de ganado mayor en zonas rurales, junto a la proliferación de las ventas “por la izquierda” de carne de res ante la nula oferta de esta proteína en el mercado estatal.
Fuentes vinculadas al Ministerio del Interior del país confirmaron en redes sociales que muchos campesinos han denunciado a la policía robos falsos de reses para supuestamente justificar los faltantes. Posteriormente, se ha demostrado que la carne era vendida en el mercado informal.
Un funcionario de la Agricultura en Villa Clara aseguró mediante el perfil oficialista “Fuerza del pueblo” que se ha comenzado un control de la masa ganadera en esa provincia debido a la existencia de un “considerable de propietarios de ganado” que se dedicaban a realizar denuncias en la unidad de la policía.
Estos propietarios de ganado alegaron que les habían sustraído sus reses “para justificar faltantes de animales detectados en los conteos, los cuales los habían vendido ilegalmente a delincuentes al precio de 40 mil pesos para el sacrificio ilegal de ganado mayor”, destaca la referida publicación.
Denuncias de robos falsos a ganaderos cubanos
La fuente advierte también que todas aquellas personas que incurran en este delito les será aplicado “con severidad” el Decreto Ley 70/2022 que incluye multas y decomiso de animales a todos los propietarios que tengan faltantes e irregularidades con el control de la masa ganadera. Además, el MININT está sancionado a estos campesinos que asisten a la unidad a realizar “denuncias falsas para justificar los delitos que cometen”.
En el caso de no contar con el documento que acredite la inscripción del ganado en el Registro Pecuario, puede ser penalizados con 500 pesos, la ocupación de los animales y la obligación de presentar los documentos dentro de las 72 horas posteriores, añade la nota de la policía.
Además, penalizarán con una multa de 10 000 pesos por cada animal y el decomiso del ganado comprado o recibido a quienes compren o reciban ganado mayor por cualquier causa, sin la autorización del organismo estatal competente.