Un grupo de propietarios y empleados de varias clínicas en Miami fueron arrestados y sentenciados a prisión por su papel en un esquema de fraude a los servicios de salud. Cinco de los acusados habían participado en una trama de fraude en una clínica de fisioterapia en la ciudad de Doral, en el condado de Miami Dade.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, estos fueron condenados a penas de hasta 11 años de prisión y multas que superan los 4 millones de dólares.
El informe agrega textualmente que “los acusados reclutaron y pagaron a los beneficiarios de los planes de seguro de salud Blue Cross Blue Shield (BCBS), luego facturaron a BCBS por servicios que la clínica nunca proporcionó o que no eran médicamente necesarios. Los dos propietarios de la clínica también utilizaron el negocio, Polyclinic Healthcare Corp., para obtener fraudulentamente fondos de ayuda COVID-19”.
Además, según la evidencia presentada en la corte, la conspiración de fraude de facturación resultó en más de 8 millones en reclamos falsos presentados a BCBS.
El documento confirma que la mayoría de las reclamaciones fueron por tratamientos de fisioterapia innecesarios o nunca proporcionados, como estimulación eléctrica, terapia de ultrasonido y ejercicio terapéutico, así como por equipos médicos duraderos.
Clínicas en Miami
Los nombres de los acusados y sus condenas se hicieron públicos a través del anuncio. Carlos Rafael Sáez Dorta, de 42 años, quien trabajaba como propietario de la clínica fue sentenciado a 135 meses de prisión, tres años de libertad supervisada, pero debe pagar más de 4 millones en restitución, al igual que Verónica Ramos Hernández, de 35 años, también dueña de la clínica.
A otra gerente de una clínica, Dianelis García Álvarez, de 41 años se le impusieron tres años de libertad supervisada y a pagar más de 357 mil dólares de restitución. Por otra parte, el reclutador de pacientes Michael Burrowes, de 43 años, se declaró culpable y deberá pasar 46 meses en prisión, tres años de libertad supervisada y se le impuso una multa de más de 73 mil dólares.
Por último, Deandre Mitchell Gabriel, de 33 años, empleado y reclutador, fue condenado a 24 meses de prisión, tres años de libertad supervisada, y a pagar cerca de 31 mil dólares de restitución.
El comunicado del Departamento de Justicia expone que la evidencia mostró que, en 2021, los propietarios de la clínica (Saez y Ramos) solicitaron un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de más de 600 mil dólares y un Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) de 500 mil a la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA).
Como resultado, “Sáez y Ramos recibieron más de 1 millón de dólares a través de estos programas de ayuda COVID-19, robando dinero que estaba destinado a pequeñas empresas legítimas que sufrían los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19”.
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