Desde que Biden cerró las fronteras para los cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, los migrantes optaron por permanecer en sus países de origen y solicitar el llamado parole humanitario que hasta le fecha ha contribuido a que cientos de personas ingresen legalmente a territorio norteamericano.
Por un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se conoce que unas 72.500 personas han ingresado legalmente a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario.
Un portavoz de la entidad informó que, desde enero hasta marzo, los cubanos han sido la nacionalidad mayormente beneficiada con el permiso ya que las cifras sugieren el ingreso al país de unas 15.000 personas de la nación caribeña. En orden numérico le suceden los haitianos con unos 18.000 y otros 7.500 nicaragüenses.
“El proceso para cubanos que les permite recibir autorización de viaje, y estadía de hasta 2 años con permiso de trabajo está funcionando y funcionando bien”, precisó en meses pasados la embajada norteamericana en La Habana en su cuenta de Twitter.
A pesar de que el programa de parole humanitario incluiría un límite de 30.000 aplicaciones para las cuatro nacionalidades de manera mensual, ya en marzo el gobierno estadounidense se acercaba a dicho número de solicitudes procesadas con 22.755 aprobaciones.
Cubanos con parole
El programa del parole otorga beneficios como el permiso de trabajar y permanecer en el país por hasta dos años. Tras haber transcurrido dicho período, los cubanos suelen aplicar a la Ley de Ajuste Cubano que les posibilita residir legal y permanentemente en el país con green cards o tarjeta verde, según aclaró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Mediante el completamiento en línea del Formulario I-134A, las personas interesadas en patrocinar a migrantes de cualquiera de los cuatro países que cumplan con los requisitos pueden realizar la solicitus tanto para familiares como allegados.
Esta aplicación será posteriormente revisada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la entidad que también se encarga de verificar las pruebas aportadas por el patrocinador para atestiguar que su situación económica sea válida.
Entre otros requisitos se encuentra el hecho de “someterse y aprobar la investigación de antecedentes de seguridad nacional y seguridad pública requerida; así como tener certificados de vacunación y otras pautas de salud pública”.