Ya se están sintiendo en Florida las consecuencias de la nueva ley SB 1617 que exige a todos los propietarios de negocios la utilización del sistema electrónico federal E-Verify, para chequear el estado migratorio de sus trabajadores contratados.
“Me dijeron que no fuera a trabajar. Que no podían arriesgarse”, comentó un migrante llamado Mario a Diario Las américas, quien estuvo trabajando en el cultivo de fresas en la zona de Homestead.
Este joven guatemalteco de 25 años cruzó la frontera sur en febrero 2020 y ahora se encuentra totalmente desempleado y sin esperanzas de conseguir otro empleo para mantenerse él y su familia.
“No nos pagaban mucho, cinco dólares por hora, pero no puedo pedir más porque no tengo papeles. Tengo una familia que mantener. Les mando lo que puedo. Como poco para ahorrar más, pero ahora, sin las fresas, voy buscando trabajo de casa en casa”, remarcó.
Miles de personas quedarían sin empleo en Florida luego de la promulgación de las propuestas SB 1718 y HB 1617 que fueron impulsadas por el Senador republicano Blaise Ingoglia y aprobadas por el gobernador Ron DeSantis.
Ley antiinmigrante en Florida
Estas leyes prohíben a los condados y municipios otorgar fondos a “cualquier persona, entidad u organización para emitir documentos de identificación a una persona que no proporcione prueba de presencia legal en los Estados Unidos”.
En el caso de los empleos a indocumentados, quienes contraten a personas sin papeles podrían enfrentarse a más de 15 años de cárcel al tiempo en que “aumenta la multa máxima que puede imponerse por una primera violación de disposiciones específicas relacionadas con el empleo, contratación, reclutamiento o remisión de extranjeros para empleos públicos o privados”.
Mientras tanto, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés) emitió recientemente una advertencia de viaje en la que pide que turistas hispanos no viajen al estado ya que consideran a la nueva ley floridana como “peligrosa y podría representar una amenaza para la libertad”.