Los venezolanos residentes en EEUU han acopiado hasta ahora solo 100 mil firmas de las 500 que se necesitan para solicitar al senado norteamericano un proyecto de Ley de ajuste que beneficie a los emigrados de este país que arriban a territorio norteamericano.
La normativa tendrá como fin allanar el camino de los venezolanos para lograr la residencia permanente, pero, para ello, los congresistas y senadores deberán introducir el proyecto ante el Congreso.
El basamento de la Ley de ajuste venezolano permitirá a los inmigrantes presentes en Estados Unidos, hasta el 31 de diciembre de 2021, obtener el permiso y solicitar el ajuste de su status migratorio.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, para abril de 2021, según la Plataforma de Monitoreo y Respuesta Conjunta R4V de Naciones Unidas, -ACNUR- y -OIM-, la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por el gobierno anfitrión es de más de 5,6 millones, y 4,6 millones se encuentran en la región.
Mildred Rodríguez, líder de la propuesta, comentó que el principal argumento ante los congresistas para la regularización migratoria es que los venezolanos vienen de “una migración forzosa, involuntaria, producto del narco régimen, de la violación de los derechos humanos y esas son las razones por las cuales, inclusive, aprobaron el TPS Temporal y las condiciones no han cambiado”.
Venezolanos por una ley de ajuste
“Nosotros lo que deseamos es tomar esa jurisprudencia y que se aplique a los venezolanos. Tenemos las mismas razones por las cuales la ley fue aprobada en ese año”, aseguró Rodríguez.
La propuesta de Ley de ajuste está basada en profundas razones humanitarias y tiene como precedente la aplicada a los cubanos desde 1966. La propia plataforma que la promueve indica que cientos de miles de venezolanos permanecen sin documentación o permiso para permanecer en países cercanos.
Todo ello con regularidad y sin acceso garantizado a los derechos fundamentales. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, la trata, la violencia, la discriminación y la xenofobia.
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