Un proyecto de ley en Florida estaría encaminado a reducir los precios de la vivienda y garantizar que el dinero ilícito no penetre en el mercado inmobiliario de Miami.
La propuesta fue realizada por la congresista María Elvira Salazar y el senador Marco Rubio con el nombre “Home Advantage for American Families Act”, que pretende aumentar las oportunidades de vivienda asequible, sobre todo en ciudades tan pobladas como Miami y protegerla de la excesiva demanda extranjera.
“Los precios de la vivienda en Miami están fuera de control y hay que hacer algo para hacer frente a su aumento y ampliar el acceso a una vivienda asequible”, precisó en un comunicado la representante Salazar. “Este proyecto de ley alivia nuestra crisis de vivienda asegurando que los residentes de Miami sean lo primero en el mercado”.
Según trasciende en los medios locales, la ley autorizaría al Departamento del Tesoro a emitir informes para las transacciones inmobiliarias residenciales dentro de las quince principales Áreas Estadísticas Metropolitanas (MSA, por sus siglas en inglés) para identificar las identidades naturales de los compradores extranjeros. Además, se le impondría un impuesto del 35% a extranjeros que compran inmuebles en este estado.
Precios de las viviendas en Florida
“A medida que miles de millones de dólares extranjeros se vierten en el sector inmobiliario de Florida, las familias de nuestras comunidades luchan por encontrar una vivienda asequible. Para tener una nación fuerte, necesitamos comunidades fuertes”, dijo por su parte el senador Marco Rubio.
Este proyecto de ley proporcionará el 10% adicional de la financiación de base de reserva del Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (LITHC), para la construcción de viviendas unifamiliares dentro del Censo Calificado Tracts (QCT), lo cual ayuda a los estados a crear más oportunidades de viviendas asequibles para las familias.
En días recientes se aprobó una ley en Florida que restringió la compra de viviendas a extranjeros de Rusia, Cuba, Venezuela, Norcorea, China, Irán y Siria, quienes no podrán adquirir inmuebles en áreas próximas a infraestructuras críticas, como aeropuertos, puertos o centrales eléctricas.