El pasado jueves, tres cubanos fueron sometidos a un juicio por el gobierno cubano, que los acusa de delitos contra la Seguridad del Estado.
Se trata de Jorge Luis Boada Valdés, Luis Andrés Domínguez Sardiñas y Yohan Carlos Terán Izquierdo, quienes podrían enfrentar hasta 30 años de cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión y protesta, reseña 14 y Medio.
Los casos de estos tres hombres evidencian la falta de garantías jurídicas y el uso de la ley como instrumento de control social y político.
Boada, de 27 años, fue detenido en febrero por escribir carteles con la frase “Díaz-Canel, singao” en el barrio de Lawton, en La Habana. Su familia ha denunciado que el joven padece de problemas mentales y epilepsia desde la infancia, y que no comprende la gravedad de sus actos. Sin embargo, las autoridades le negaron una segunda evaluación psiquiátrica y lo declararon penalmente responsable.
Domínguez, de 47 años, fue arrestado el mismo mes por supuestamente tirar piedras a una tienda en MLC, convocar a manifestaciones en redes sociales y conspirar con personas. Su esposa ha relatado las condiciones infrahumanas en las que se encuentra recluido, sin atención médica ni alimentación adecuada.
Terán, de 25 años, fue capturado en marzo por participar en las protestas del 27N frente al Ministerio de Cultura. Según su madre, el joven fue golpeado y torturado por agentes de la Seguridad del Estado, que le exigieron que se declarara culpable de propaganda enemiga.
Los tres cubanos enfrentan penas desproporcionadas. La Fiscalía pide 15 años para Boada, 12 para Terán y tres para Domínguez. Estas sentencias son una muestra más del ensañamiento contra los que se atreven a disentir y a reclamar sus derechos.