Un reciente informe de la Oficina Nacional de Administración Tributaria arrojó que los trabajadores privados en Cuba deben más de 32 millones de pesos.
Según la auditoría fiscal realizada por la ONAT, en Cuba hay una deuda de millones de pesos al presupuesto del estado, tanto de empresas estatales como de trabajadores privados.
El último de los grupos, correspondiente al sector cuentapropista, debe exactamente unos 32 millones 500 mil. Los mayores adeudos se localizan en oficios privados como panderos-dulceros, trabajadores de cafeterías, carretilleros, vendedores de producción agrícola en quioscos, poncheros y productores-vendedores de artículos varios.
Los trabajadores privados de Cuba se afectan considerablemente por los vaivenes de los precios y por la no existencia de un mercado mayorista que contribuya a la estabilidad de sus negocios. Es esta la causa principal de que muchos de ellos declaren menos ingresos que los percibidos.
En el apartado de la subdeclaración de ingresos, el control estatal realizado percibió que se deben 23 millones 500 mil pesos. Además, se ha dejado de ingresar otra suma millonaria por multas impuestas que no han sido pagadas.
“En cuanto a las multas, que incluyen las que forman parte de la determinación de deuda y las de talón, lo debido es casi 7 400 000 pesos. Mientras, lo contabilizado como recargo superó los 1 500 000”, según indica el informe publicado por el diario oficialista Granma.
MEDIDAS DE LA ONAT PARA TRABAJADORES PRIVADOS EN CUBA
Como medidas contra los infractores, la ONAT estableció una sanción monetaria para quienes no cumplieron no poseían “la documentación establecida, la desactualización de los registros contables, la no implementación del sistema de contabilidad para los trabajadores por cuenta propia (TCP) y la obstrucción del proceso de fiscalización”.
Asimismo, los oficiales tributarios impusieron multas a cerca de 473 personas por encontrarse vinculadas a actividades sin autorización al momento de la visita sorpresiva a sus establecimientos.
En casos menores, la Ley 113 del Sistema Tributario establece multas, cierre de establecimientos, retirada de licencias como algunas de las sanciones que pueden ser aplicadas a aquellos incumplidores, luego de que los emprendedores persistan en sus infracciones.
Sin embargo, otros infractores podrían ser llevados ante los tribunales y encarcelados por delitos tributarios.
Hace apenas una semana fueron privados de libertad por cuatro años un grupo de cuentapropistas en la provincia de Ciego de Ávila por evasión de impuestos, situación que pudiera generalizarse en el país a raíz de la reciente auditoría.
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